Por Gretel Ledo (*)
El 18 de marzo de 2016 vence el nuevo bono que acaba de emitir el Gobierno refinanciando varios millones de pesos de deuda que mantiene con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Así se posterga por 7 años el vencimiento de los títulos públicos que tiene en su poder la oficina que maneja el dinero de las jubilaciones.
Por su parte a más de cuatro meses de la eliminación de las Administradoras de Fondos de Jubilados y Pensionados (AFJP), todavía no están funcionando los mecanismos institucionales para controlar el uso que la ANSES le da a esa masa de dinero.
En otro orden el sector radical en el Senado viene pidiendo a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Estado que "audite a fondo" la transición de la empresa Aerolíneas Argentinas porque "el Gobierno no ha suministrado información fehaciente sobre sus acciones tanto en la gestión actual como en la transición".
Sin duda después de la inseguridad la mayor preocupación de la ciudadanía es la situación económica que ya ha llegado a colapsar para el mismo Gobierno. Estudios privados que miden cómo cataloga la opinión pública la gestión económica del Gobierno dan a conocer un 61% de desaprobación.
¿Se puede gobernar así un país bajo la rapiña y el saqueo permanente de los fondos privados? Lamentablemente la confiscación de la propiedad privada está al orden del día. El Art. 17 de nuestra Constitución Nacional dice: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley…”. Alberdi explica que nuestra Carta Magna distingue entre la riqueza de la Nación y la del Gobierno. La última es una rama accesoria de la primera y el verdadero medio de tener contribuciones abundantes es hacer rica y opulenta a la Nación. Ahora bien, el país que no puede costear su Gobierno, no puede existir como Nación independiente por no contar con los medios necesarios para ejercer su soberanía libremente. Hoy por hoy, resulta probado que la gestión K no sólo se vale de las contribuciones genuinas del pueblo sino que avanza un paso más hasta contabilizar como propios los fondos ajenos. En este sentido, el avasallamiento a los derechos individuales es certero y la inseguridad jurídica es artífice del temor constante que del mercado se ha trasladado a la ciudadanía en su conjunto. Una inseguridad nacida en el mismo seno de la clase gobernante. Resulta medular asumir que la abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre.
En el capítulo XIII del Leviatán, Thomas Hobbes describe las relaciones entre los hombres si no existiera el Estado. La lucha continua en un marco de competencia atroz abre las puertas para la inestabilidad permanente. Tres son las causas de la discordia en la naturaleza del hombre: la competencia, la desconfianza y la gloria. La primera impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio; la segunda para lograr seguridad y la tercera para ganar reputación.
Aquí rige el derecho natural, entendido como derecho subjetivo, como el derecho a todo aquello que el hombre pueda tomar y por tanto tiempo conservar. Es un derecho total y absoluto. Sin limitaciones jurídicas, sólo con limitaciones fácticas impuestas por el poder que de hecho cada uno tiene. Se vive sin un poder común a qué someterse. Así la condición reinante es la guerra de todos contra todos. Es imposible diferenciar lo que es justo e injusto ni mucho menos determinar los límites de la propiedad privada.
Frente a la imposibilidad de vivir en el temor perpetuo, es preciso encontrar un sistema que permita al hombre salir de esta situación de guerra y llegar a una condición de paz. Por ello se aplican las leyes de la naturaleza hobbesiana entendidas como un artificio inventado por el hombre que emanan de la razón para garantir la autoconservación. La primera ley es buscar la paz y seguirla, la segunda acceder a renunciar a un derecho si los demás acceden también, a los fines de alcanzar la paz y la última, que los hombre cumplan los pactos que han celebrado.
En este contexto, la constitución del pacto constituye la piedra angular que regula las relaciones de convivencia en toda sociedad civil. Dirá Hobbes que en un Estado civil existe el poder suficiente como para garantir el cumplimiento de aquello a lo que se han obligado las partes.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando quien incumple es el mismo Estado, la misma entidad que cuenta con el monopolio de la fuerza legítima y coactiva a la vez? En el Salmo 93 se expresa que Dios no es amigo de gobernantes corruptos que violan la ley y maquinan planes contra gente honrada. Sin duda se ha quebrado el pacto fundacional de la confianza y el temor ha embargado hasta el alma…
Buenos Aires, 10 de Mayo de 2009.
(*) Abogada, Politóloga, Analista Política
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