Tres premisas para la nueva generación de políticas anticorrupción

POR PEDRO BISCAY (*)

Uno de los principales aliados de la corrupción es la falta de políticas públicas que asuman el fenómeno como un problema complejo que trasciende el plano moral y cultural.

Si bien los debates anticorrupción lograron avances destacables a nivel mundial vía la sanción de herramientas de control de probada utilidad, la corrupción no ha dejado de echar raíces en la sociedad y, sobre todo, en las agencias del Estado. La nueva generación de políticas deberá enfrentar el problema según enfoques que, en perspectiva de derechos humanos, atienden los costos sociales y ensaya políticas de recuperación de activos.Desde los inicios del debate público sobre la corrupción, los enfoques moralistas y culturales ocupan un lugar protagónico. A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional y, claro está, sin desconocer los avances importantes que, por ejemplo, se lograron en materia de transparencia, la corrupción no ha dejado de echar raíces en la sociedad y, sobre todo, en las agencias del Estado. Para ser exactos lejos de reducirse, el fenómeno crece y se expande en múltiples direcciones afectando a las personas y la sociedad.Parte central de este problema consiste en que no se percibe que uno de los principales aliados de la corrupción es la falta de políticas públicas que asuman el fenómeno como un problema complejo que trasciende el plano moral y cultural.

EL DAÑO MÁS LEVE.

Sostener que las personas que cometen estos delitos lo hacen porque no tienen ética ni virtud pública suficiente, o no velan por los intereses de la sociedad implica reducir el fenómeno a una visión ingenua que, en el fondo, pretende que los hombres sean ángeles. Asimismo, sostener que la corrupción tiene lugar porque hay una aceptación cultural implica llevar la idea moral al plano. Ambas posturas son profundamente desalentadoras: los hombres no son ángeles, más bien se parecen al demonio (salvo, claro está, honradas excepciones); la sociedad lejos de ser responsable es la principal afectada y, socialmente, ocupa el lugar más débil: sufre los efectos (medibles en privación de derechos y ciudadanía) y no cuenta con herramientas a su alcance para resolver el problema.Mientras tanto, el Estado y los sectores empresarios siguen realizando negociados que perjudican el erario público y condicionan la distribución de la riqueza social. Las respuestas morales y culturales enfocan mal el problema porque privilegian el daño más leve. Cada centavo del presupuesto distraído hacia el bolsillo de un funcionario público o desviado a financiar campañas políticas, o que pasa a enriquecer el patrimonio de sectores empresarios que coluden y negocian a costa del Estado, es un centavo menos que se invierte en salud, educación, vivienda y otras dimensiones esenciales de la ciudadanía. Las consecuencias directas de la corrupción son escuelas que se derrumban por falta de mantenimiento, hospitales que carecen de materiales quirúrgicos básicos o de aparatos de tecnología para atender problemas de salud.La corrupción no plantea costos morales o, si lo hace son el daño más leve. El verdadero costo es social y medible en los daños producidos sobre los derechos de las personas. Perder de vista este enfoque implica pecar de ingenuidad y creer que un problema complejo y lucrativo como la corrupción puede resolverse con más educación. Esto es falso y no apunta al centro del problema. Diseñar políticas anticorrupción requiere entonces identificar corrupción y daño social.

PROBIDAD O MERCADO.

Si la perspectiva moral es el aspecto de menor lesividad, entonces, la cuestión está en redefinir el problema. Una visión realista no puede desconocer que la corrupción es un instrumento del que se valen las empresas para negociar contratos con el Estado en mejores condiciones y, por ello, suele ir acompañada de fraudes y acuerdos inter empresarios que impactan sobre el mercado creando carteles de negocios en donde unos pocos se benefician y el resto es excluido del juego competitivo. Si se analizan atentamente los grandes casos de corrupción se puede percibir fácilmente que un grupito pequeño de empresarios participan en los negociados una y otra vez, sea con las mismas empresas, con otras nuevas o, mediante consorcios empresarios. Esta situación es la muestra más clara del fenómeno de la colusión empresaria, es decir de los acuerdos que se fijan entre determinadas empresas para rotar en el negocio. Los funcionarios forman parte del problema, pero la cuestión principal no reside en el Estado sino en el mercado. En última instancia, el fenómeno de la corrupción demostró que las empresas se relacionan con el Estado según una lógica de mercado en donde se suspende todo tipo de compromiso con el bien común y se privilegia el lucro y la ganancia.En los mercados no rige la probidad sino las actividades rentables; las políticas anticorrupción no pueden seguir ancladas en este tipo de respuestas. Para atacar la corrupción hay que atacar los eslabones corruptos y corruptores del mercado.

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: UN DESAFÍO PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE POLÍTICAS.

El incentivo más fuerte de cualquier corrupto es tener la seguridad de garantizar el botín robado al Estado. Si las políticas públicas no atacan la riqueza corrupta, difícilmente se puedan ensayar respuestas poderosas que ataquen de raíz el problema. Proponer más penas es dar un paso en falso: está comprobado que las investigaciones suelen terminar con la prescripción y la impunidad de los responsables. Dos casos exitosos de recuperación son más eficaces socialmente que cien juicios penales que mueren sin condena. Inciden aquí dos razones: la recuperación de activos evita que los corruptos disfruten las ganancias ilícitas. Además, contribuye a debilitar los eslabones corruptos del mercado porque evite el refinanciamiento de actividades delictivas. Pero también, la recuperación puede privilegiar la reparación del daño social sí es acompañada de estrategias de devolución social del dinero distraído mediante la utilización de fondos recuperados, por ejemplo, en la financiación de escuelas y útiles escolares.Si bien los debates anticorrupción lograron avances destacables a nivel mundial vía la sanción de herramientas de control de probada utilidad (transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, etc.), la nueva generación de políticas deberá privilegiar estos aspectos que analizan el fenómeno según enfoques que, en perspectiva de derechos humanos, atienden los costos sociales y ensaya políticas de recuperación de activos que funciones a modo de reparación y desarticulación del fenómeno. El desafío está pendiente, el Estado deberá tomar cartas en el asunto.

(*) Pedro Biscay, abogado, es director ejecutivo del CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica), con sede en Buenos Aires, y consultor en Paraguay del Programa Costo Social de la Corrupción, ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).