Emergencias climáticas: ideas para una política de estado

Por Arturo Navarro

Una sequía muy importante en una gran parte de la pampa húmeda, ha reactivado un viejo debate sobre las necesidades que tiene el productor de contar con apoyo concreto debido a las perdidas económicas a causa de factores climáticos. Mas allá de la buena voluntad de dirigentes y funcionarios de querer justificar la ley de emergencia agropecuaria, la realidad es que no sirve para atender las importantes perdidas que se producen en este nuevo escenario productivo del país

Solamente tiene la capacidad de atender con meros paliativos, como por ejemplo prorrogando vencimientos de impuestos y de créditos en los bancos oficiales. La mayor perdida la tiene que asumir indefectiblemente el productor a riesgo propio, con excepción de aquellos productores que tuvieron acceso a seguros, desarrollados con el esfuerzo privado solamente y que han llegado a su máximo crecimiento en las actuales condiciones.

La Argentina no puede seguir remando contra la corriente de los países desarrollados. Cambió el mundo, cambió el país y cambió el sistema de producir. Por lo tanto, es fundamental cambiar el sistema y las normas legales que lo sustentan. El Estado no puede darse el lujo de seguir perdiendo producción y todo el aumento de la actividad que genera ésta. Con mayor razón, este gobierno no debe seguir permitiendo que muchos productores -por lo general los más chicos y de zonas marginales- sean expulsados del sistema productivo por falta de políticas públicas, como las que hay en todos los países para atender las consecuencias climáticas en el agro. Hoy están dadas las condiciones para avanzar en este tipo de políticas: con el importe de las pérdidas que se producen por falta cobertura para los riesgos climáticos, el Estado tiene fondos para incentivar estas políticas.

Que no se confunda: estoy hablado de hechos que se pueden prever, cuantificar y asegurar en un gran porcentaje con políticas de Estado, induciendo el uso del seguro agropecuario en forma masiva pero no obligatoria. Lo que no es asegurable hay que atenderlo con un fondo creado para ese fin, cuyo objetivo será cubrir los desastres y las catástrofes con importes concretos que le lleguen al productor. Hay ejemplos muy concretos a este respecto que se están realizando con algunas producciones regionales, en conjunto con la actividad pública y privada.

A principios de abril de este año tuve la oportunidad de viajar a España junto con una delegación de funcionarios y empresarios afines al tema, para recorrer y conocer cómo funciona el sistema de "Política de Estado para las Emergencias Climáticas", que se estableció hace 26 años (fue uno de los ejes del pacto de la Moncloa debido a la relevancia que tiene en la economía general). A pesar de los distintos cambios de gobierno -de diferente tendencia- hasta esta fecha, siempre se respetó la ley que fijaba las políticas y el funcionamiento permanente de la comisión creada para ese fin (donde participan todos los protagonistas del sector público y privado). La misma ley definió que dicha comisión es el único órgano donde se discuten las políticas a seguir y donde se promueven las modificaciones de las normas (siempre relacionadas a los cambios climáticos y económicos que se producen en cada ciclo de producción).

Entre las diferentes leyes que estableció esta política de estado, una permitía usar fondos públicos del tesoro para subsidiar las tasas de las primas (que en España es, en promedio, un 50%). Se estableció que dichos subsidios solamente los pagaba el Estado a empresas de seguros que integrasen un consorcio de compañías y que aceptasen las condiciones de estas políticas publicas. Otra de estas leyes creó un fondo permanente para atender desastres tales como sequías e inundaciones y estableció la metodología para recaudar los recursos para formar ese fondo, los cuales eran aportados por un porcentaje muy reducido de casi todas las pólizas de seguro que se emitían en España.

El sistema español no es obligatorio pero tiene mecanismos estrictos de inducción para fomentar su uso:

para acceder al fondo por desastre y catástrofe, el productor tiene que tener asegurado todo lo asegurable de su establecimiento: quien tiene vocación aseguradora tiene derecho a reclamar al Estado por los daños causados por desastres; quien, en cambio, no asegura su establecimiento, no tiene ningún derecho a compensación estatal alguna.

Todos los créditos tienen que tener un seguro para una mejor relación comercial entre acreedores y deudores, como -de igual manera- todos los impuestos sobre la propiedad tienen mecanismos para evitar que por riesgos climáticos se dejen de pagar.

Se estableció que las empresas de seguros que quieren trabajar con los susidios del Estado tienen que estar integradas a ese consorcio conformado por empresas aseguradoras.

Es decir, que todas las normas y todos los participantes están entrecruzados para inducir el uso del seguro "voluntariamente". Los recursos públicos se usan para apoyar a los emprendedores que voluntariamente acepten usar este servicio que mejora la perfomance de la empresa para cubrir alguno de sus riesgos (como, por ejemplo, tener su inversión a la "intemperie"). Un sistema de seguro es, antes que nada, un sistema solidario que necesariamente tiende a eliminar la auto-selección, permitiendo de esta forma que se vaya generalizando su uso.

Todos los dirigentes, empresarios y funcionarios que entrevistamos en España tenían sus observaciones que hacer sobre sistema, pero todas estas ideas tendían a mejorarlo y debían ser propuestos en la comisión. El sistema está firmemente arraigado y tiene un lugar institucional donde todos los protagonistas pueden participar. Varios dirigentes y funcionarios nos hicieron saber que este año el sistema esta realmente a prueba, ya que padece una de las sequías más grandes desde que fue conformado, hace 26 años. Lo más importante que rescaté de esta experiencia, fue la capacidad que tuvieron los políticos y funcionarios españoles para trabajar en conjunto, dejando de lados los individualismos y las ideologías, y así atender las necesidades de los productores: esta es una de las políticas que necesita nuestro país para crecer y desarrollarse en todos los rincones del territorio, estableciendo una definición estratégica, geopolítica y equitativa que beneficie a sus pobladores.


Estoy convencido que el sistema Español merece ser analizado, aprovechando la visión de todo el grupo que participó de este viaje. Creo que llegó la hora de que en el país, dirigentes, empresarios, funcionarios y legisladores, nos pongamos a trabajar seriamente para concretar las políticas de estado que necesita el productor para cubrir los riesgos causados por factores climáticos. Estoy convencido, también, que una política de estado en relación con las emergencias climáticas, debería ser uno de los principales temas de campaña de todos los partidos en esta elección: debería ser una de las principales propuestas en materia de política de estado para proteger el Complejo Agroindustrial.